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Fabian Mendoza Alzate
Author: Fabian Mendoza AlzateWebsite: https://emarketingrules.com
Sobre el autor
Máster en Marketing Digital y comercio Electrónico Universitat de Barcelona / EAE Business School, Certificado Google en ventas digitales, Analytics y Adwords enfocado a Shopping. Certificado Hubspot en Content Marketing e Inbound Marketing. Apasionado por las redes sociales, las películas, la buena música, los viajes y el cine, como cualquier habitante de la tierra.
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Ya estábamos acostumbrados a la tragicomedia que ha resultado últimamente cualquier noticia relacionada con una actuación o decisión de nuestras honorables entidades judiciales, pero lo último que necesitábamos escuchar era que ahora la Corte Suprema matizaba sus errores con un “se nos chispoteó”.


Si a usted le pusieran a escuchar y comparar audios de, por ejemplo, personas hablando así: El Tino Asprilla y Carlos Vives, Juanes y Andrés Cepeda, Shakira y Fanny Lu, y así, con personajes conocidos, o muy conocidos mejor, del acontecer nacional, ¿considera que no sería capaz de identificar a quien correspondería cada voz?

Posiblemente la identificación pueda demorar un poco más en algunos casos, pero en general, resulta prácticamente imposible que ud demore más de 5 minutos en identificar plenamente a quien corresponde cada voz.

Es un acto inconsciente, prácticamente inevitable. Por eso resultó irrisoria, por no decir alarmante, la información que se dio a conocer el pasado 15 de septiembre, en la que la Corte Suprema de Justicia le notificaba al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que había por error, interceptado su celular personal, ya que el objetivo inicial de la chuzada era un exrepresentante a la Cámara de nombre Nilton Córdoba, objeto de otra investigación en su contra, por otras circunstancias totalmente diferentes.

Las interceptaciones sucedieron durante los meses de marzo y abril, hasta el día 4 de abril -tenga presente esta fecha-, cuando al parecer descubrieron que el chuzado no era el requerido inicialmente. Ese día se dio la orden de cancelar dicha interceptación.

Duraron más de 1 mes para lograr identificar la voz de una las personas más conocidas del país, al que le reconocen la voz niños, adolescentes y adultos Click to Tweet

y descubrieron por fin, que en efecto ese acento paisa tradicional, distaba mucho del acento de un afrodescendiente oriundo del pacífico chocoano.

Esto nos recuerda el triste episodio de los computadores de Raúl Reyes, que fueron desestimados por esa misma Corte, por no ser recopilados bajo protocolos de la policía judicial, a pesar de que la propia Interpol, un organismo imparcial y de credibilidad internacional, certificó que dichos equipos no fueron manipulados o alterados, en fecha posterior al operativo militar que dio de baja a ese criminal de la guerrilla y a su vez incautó el valioso material. Sin embargo, el investigador judicial, responsable de la interceptación a Uribe, si se consideró básicamente que había hecho un trabajo válido y que a pesar de chuzar por error el teléfono del expresidente Álvaro Uribe, esa información recopilada sí sería válida, y usable en los procesos que esa Corte lleva actualmente contra el líder del Centro Democrático.

Pareció extraño también el manejo de las pruebas en el caso Monsalve, ese criminal encarcelado al que hace poco pusieron al nivel precisamente de un investigador de policía judicial, recibiéndole como pruebas grabaciones recopiladas burdamente, y posiblemente alteradas de la misma forma como pruebas -por supuesto- en contra de Álvaro Uribe.

Hasta el mes de septiembre, luego de haber sido consultados directamente por el expresidente, se reconoce por parte de la Corte tal error, y al tiempo se admite que se han incluido dichos audios para un proceso diferente del que fueron originalmente emplazados, específicamente al que se lleva en contra de Uribe, esto, de la manera más olímpica posible, ya que ante la rigurosidad que un proceso tan delicado como puede ser una investigación de una Corte, este tipo de volteretas con el material probatorio, son estrictamente prohibidas, por el simple hecho de vulnerar los derechos del investigado, y si se llegase a considerar usarlas, se estaría violando esos derechos, con una actuación abiertamente ilegal. En el lenguaje de la ley, para algunos expertos en la materia eso se llama simple y llanamente, prevaricato, como mínimo, porque en esto posiblemente puedan configurarse ese y otros delitos, pero que al ser efectuados bajo el manto y a conveniencia de la Corte, mágicamente se tornan legales.

Esto recuerda otro triste episodio relacionado a interceptaciones ilegales, con aquella detective del extinto DAS, denominada la “Mata Hari”, quien grabó de forma ilegal, las audiencias que se surtían en el caso de la “Yidispolítica”, y en las que se descubrió cómo los magistrados de esa época -2008- actuaban siguiendo motivaciones políticas, en lugar de actuar en derecho, como todo el país creía que actuaban en esas esferas de la ley.

El escándalo que suscitó esa situación despertó la furia de esos magistrados, los cuales, 10 años después vinimos a enterarnos que varios de ellos no solo actuaban con motivaciones políticas sino también económicas, cobrando miles de millones de pesos para torcer fallos a favor del pagador de esos sobornos.
Esas grabaciones de 2008 pasaron sin pena ni gloria ante la opinión pública, y por supuesto ante cualquier instancia judicial nacional, gracias en parte a los medios de comunicación, que nunca hicieron eco de tan grave confesión de boca de los propios magistrados, algunos hoy envueltos en graves procesos en su contra por corrupción, en lo que se ha denominado el Cartel de la Toga.

No se entiende cómo, en este caso, una grabación recopilada de forma ilegal, y esto es sin ningún trámite judicial que haya llegado a la conclusión de que esa acción era necesaria y como tal proceder a ejecutarla, bajo los estándares técnicos y jurídicos necesarios, ahora resulta que se puede pasar de proceso en proceso para validar a cuál le sirve. Eso sencillamente es Inaudito.

Esto hace emerger preguntas que este humilde servidor como total ignorante de la materia, se hace, pero que gracias a este medio me permito formular y dejar su análisis al criterio de quien me haga el honor de leerme:

¿Por qué pasaron 5 meses para que la Corte Suprema informara de esta situación al perjudicado?

¿Por qué igualmente la Corte tuvo que esperar a que el perjudicado les preguntara, como parece que lo hizo, para darle a conocer esta situación?

¿Luego de notificar al perjudicado que estaba siendo investigado, y por ende citado a indagatoria, el pasado mes de julio, no habría sido oportuno notificar la situación algunos días después?

¿Por cuánto tiempo había sido ordenada la interceptación inicial?

¿Antes de cancelar dicha interceptación, con más de un mes de grabaciones telefónicas, nunca se hizo un seguimiento, para ver “cómo iba” dicho encargo y así descubrir que esa voz que se escuchaba era la de Álvaro Uribe?

¿La importancia de estas grabaciones en la investigación en contra del expresidente es debido a que son sus mayores recursos y por eso se tuvo que legalizar a la fuerza dicho material?

¿Por qué la corte exige a otras entidades como la Fiscalía o FFMM, estricta rigurosidad técnica y protocolaria, para la recopilación de material probatorio -computadores de Raúl Reyes, por ejemplo-, pero no se auto regula con la misma exigencia?

¿Es pura coincidencia que la interceptación sea cancelada el día 4 de abril y al día siguiente, el 5 de abril, la esposa de Monsalve cita en una cafetería al abogado Diego Cadena? Click to Tweet

Es mejor no hacer más preguntas. O tal sí: estamos llegando al punto en el que tendremos que preguntarnos de la manera más calmada posible ¿Qué carajos le pasa a la justicia en Colombia? Y ¿Así como está nuestra justicia, es lo mejor que podemos tener y merecer?

Las actuaciones de las Cortes, el Consejo de Estado y la JEP, rayan tanto en lo indebido, que pronto tendremos que buscarlas en la sección de orden público de la prensa, en lugar de la judicial. Por esto, urge que, en la Corte Suprema, los magistrados honorables y respetuosos de la ley, se pronuncien y se aparten de los que protagonizan tantas situaciones extrañas.

Allá deben existir magistrados como la Dra Claudia Ortiz, de la Corte Constitucional que nos dio un respiro y esperanza en la Justicia al apartarse de la decisión de esa entidad, respecto de las prebendas repulsivas, para los violadores de menores de edad en las FARC.

Pero por lo pronto, tantas situaciones extrañas, en torno a las actuaciones de la justicia, con excusas dignas de un capítulo de Chespirito, dejan al menos una última pregunta para hacerse: ¿Se desmanteló, sí o no, el Cartel de la Toga en su totalidad?

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